La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitió la Recomendación 08/2026 dirigida al Fiscal General del Estado de Oaxaca, una vez que acreditó violaciones graves al derecho a la integridad física por actos de tortura en agravio de un hombre, ejercidas por servidores públicos adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, así como los derechos a la Seguridad Jurídica y Acceso a la Justicia en su Modalidad de Procuración, atribuidas a personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
La víctima refirió que el 12 de diciembre de 2014, fue detenido por Agentes Estatales de Investigación (AEI) adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes a fin de que se declarara culpable en la comisión del delito de secuestro, realizaron actos que lesionaron gravemente su integridad física y psicológica, mismos que incluyeron asfixias, suspensión, desnudez forzada, así como uso excesivo de la fuerza; en razón de ello la DDHPO inició un expediente de queja, dentro del cual el cuerpo de peritos de este Organismo emitió los dictámenes médico-psicológicos, bajo los lineamientos del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces para la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “Protocolo de Estambul”, de los cuales se advirtió que el agraviado presentó signos que guardan un alto grado de consistencia con el relato de tortura.
De igual forma, este Organismo advirtió que en perjuicio de la víctima se violentó su derecho a la Seguridad Jurídica, por los Agentes del Ministerio Público que conocieron sobre su puesta a disposición, ya que a pesar de que ambos representantes sociales certificaron que el agraviado fue presentado con lesiones visibles, sumado a que en su declaración ministerial, fue asentado que sus agentes aprehensores lo habían torturado, dichos Agentes del Ministerio Público omitieron dar vista a los órganos ministeriales y/u Organismos de Protección a Derechos Humanos sobre las lesiones que la persona detenida presentó al momento de su puesta a disposición y con ello garantizar una investigación respecto a los actos de tortura que la víctima manifestó en su declaración ministerial.
Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos acreditó que en agravio de la víctima se violentó su derecho al Acceso a la Justicia en su Modalidad de Procuración, pues el 19 de julio del 2023 se inició una Carpeta de Investigación por los hechos de tortura denunciados por la víctima en la Unidad de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, sin embargo, la representante social encargada del trámite de la misma fue omisa en solicitar medidas de protección a favor de la víctima, así como en integrar de forma adecuada esa indagatoria, mientras que personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía ha sido omiso en emitir el Dictamen médico-psicológico conforme a las directrices del Protocolo de Estambul.
Por lo antes expuesto, este Organismo Autónomo solicitó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, repare el daño a la víctima de manera integral a través de una compensación justa, así mismo, se le brinde el tratamiento médico y psicológico que requiera como consecuencia de las secuelas y cicatrices que pudiera presentar derivado de las violaciones a su derecho a la integridad, las cuales se le deberán otorgar de manera gratuita y de forma inmediata, con su previo consentimiento.
En ese sentido, la Defensoría instó a ofrecer una disculpa pública institucional a la víctima directa, por las violaciones a derechos humanos que fueron acreditadas, de igual forma, se requirió el inicio de procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos encontrados como responsables y para la debida integración de la Carpeta de Investigación iniciada por hechos de tortura a fin de que la misma sea judicializada.
Para esta DDHPO, es primordial señalar que con la emisión de esta Recomendación no se pretende denostar o desacreditar a las instituciones del Estado, por el contrario, busca fortalecer el Estado de Derecho en una sociedad democrática.