La Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Mtra. Elizabeth Lara Rodríguez, presentó su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al periodo del 30 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2026, la mañana de este martes 14 de abril en una ceremonia realizada en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.
La Ombudsperson estuvo acompañada en el presídium por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, quien asistió en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Ing. Salomón Jara Cruz; la Diputada Tania Caballero Navarro, Presidenta de la Junta de Conciliación Política de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado; la Diputada Eva Diego Cruz, Presidenta de la Mesa Directiva de este H. Congreso; así como de la Magistrada Alba Osorio Velázquez, Presidenta de la Tercera Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación de la Dra. Érika María Rodríguez Rodríguez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
A esta rendición de cuentas también asistieron autoridades municipales, estatales, así como Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y personal de este Organismo, quienes atestiguaron los resultados del trabajo realizado durante el periodo informado.
Durante su mensaje, la titular de la DDHPO destacó que “el acceso a la información pública y la transparencia son condiciones esenciales para la vigencia efectiva de los derechos humanos; por ello, la rendición de cuentas en el servicio público constituye una obligación jurídica y ética, vinculada directamente con los principios de legalidad, transparencia y acceso a la información”.
Entre los resultados más relevantes, se informó la emisión de 28 Recomendaciones y una Recomendación General, dirigidas a autoridades estatales y municipales, en las que se documentaron violaciones a derechos humanos atribuibles a personas servidoras públicas.
Asimismo, se emitieron 17 Medidas Cautelares, 11 Alertas Tempranas y 106 Propuestas de Conciliación, acciones que en su conjunto configuran un sistema integral de protección, con respuestas diferenciadas según la naturaleza y gravedad de cada caso.
“La consolidación de un Estado democrático exige que estas determinaciones no sean vistas como sugerencias, sino como mandatos éticos y jurídicos que deben cumplirse en su totalidad”, subrayó.
En cuanto a la atención de quejas, se reportó la conclusión de 2 mil 232 expedientes, de los cuales el 72 % corresponden a Oficinas Centrales y el 28 % a Oficinas Regionales. A ello se suma una carga previa de 3 mil 325 expedientes en trámite al 29 de marzo de 2025, así como 10 expedientes reaperturados, lo que representa un total de 5 mil 567 expedientes atendidos.
En el marco de este Informe, se destacó la dignificación de los espacios laborales en Oficinas Centrales y Regionales, así como la ampliación del parque vehicular con la adquisición de dos automóviles y tres camionetas, alcanzando un total de 36 unidades, lo que fortalece la cobertura institucional en comunidades de todo el estado.
Para cerrar su intervención, la Mtra. Elizabeth Lara Rodríguez enfatizó que “la protección de los derechos humanos no depende únicamente de una actuación reactiva frente a las violaciones, sino también de la capacidad institucional para prevenirlas, atenderlas y generar condiciones que impidan su repetición”. Asimismo, reconoció el trabajo del personal del Organismo y los exhortó a redoblar esfuerzos para continuar con la misión de proteger y defender los derechos humanos.
Durante su intervención, la Diputada Tania Caballero, Presidenta de la Junta de Conciliación Política de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expresó: “siempre he sostenido que desde los poderos del Estado tenemos la obligación de trabajar con diagnósticos reales. No podemos legislar ni gobernar desde la superficie, necesitamos conocer los avances, pero sobretodo, identificar con autocrítica los desafíos que persisten en nuestra entidad”.
“Para el Congreso del Estado, este Informe no es solo un trámite, es un insumo fundamental para nuestra labor legislativa, nos obliga a revisar marcos normativos, evaluar la actividad de las políticas públicas para tener la voluntad política de corregir el rumbo. Tengan todas y todos la seguridad de que esta Legislatura mantiene las puertas abiertas al diálogo constante con las y los Defensores de Derechos Humanos”, finalizó.
Por su parte, la Diputada Eva Diego Cruz, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, señaló: “el Congreso del Estado de Oaxaca recibe el Tercer Informe Anual de Actividades de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dando con ello cumplimiento a la obligación legal consagrada en el artículo 114 de la Constitución Político del Estado de Oaxaca. Este Informe se convierte en una herramienta que nos permite medir el pulso de la justicia, identificar los desafíos y encaminar el trabajo institucional hacia mejores resultados para la ciudadanía”.
“Desde el Congreso reiteramos que la Defensoría cuenta con nuestro compromiso para que cada Recomendación emitida no quede en el papel, sino que se traduzca en un verdadero acceso a la justicia, en el que se cumplan las garantías reales de no repetición y cero impunidad. Reconocemos el esfuerzo por visibilizar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, colocando en el centro de la agenda pública a quienes históricamente han sido excluidos”.
“Que este Informe no sea un punto de llegada, sino se convierta en un punto de partida para redoblar esfuerzos. Sigamos construyendo desde nuestras responsabilidades una sociedad cada vez más justa, más igualitaria y profundamente respetuosa de la dignidad humana”, reiteró.
Con la presentación de este Tercer Informe de Actividades, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reafirma su compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, destacando los avances alcanzados y reconociendo los retos persistentes. Este Informe no sólo constituye un ejercicio de rendición de cuentas, sino también una invitación a las autoridades y a la sociedad oaxaqueña a seguir construyendo, de manera conjunta, un entorno más justo, incluyente y respetuoso de la dignidad humana.